Crisis y desaparición empresarial


Es conocido que el término “crisis” significa cambio. No se trata de una situación coyuntural de más o menos años de duración, que cuando pasa deja todo como estaba. Al contrario, los momentos de crisis, como el actual, remueven las estructuras más aparentemente estables de la sociedad y del tejido empresarial. En el fondo, el final de todas las crisis económicas es un cambio sustancial de paradigmas. Cuanto más profunda es la crisis, más se aprecia la transformación. Y la que nos ha tocado vivir va a terminar con muchos lugares comunes, pero va a tener una gran consecuencia dentro de la población empresarial de nuestro país.

A mi juicio, entre el 70 y el 80% de las empresas españolas con más de cinco años de antigüedad al comienzo de la crisis, desaparecerán. No es una profecía, ni un mal augurio. Es una exigencia ineludible de la realidad: las ventas en prácticamente todos los sectores han descendido una media del 50%, los costes fijos se mantienen, en la mayoría de los casos sin posibilidad de recortarlos, y la financiación externa para soportar esta difícil situación resulta inexistente. Desgraciadamente, es imposible mantener el tipo ante este escenario, al que le debemos sumar en la mayoría de los casos, el grave deterioro que producen los impagos primero en la tesorería de la empresa y, finalmente, en la cuenta de resultados, cuando la ley obliga a la dotación.

Por supuesto, habrá quien se salve de la quema, pero serán los menos: los grandes monstruos están cayendo estrepitosamente, porque eran gigantes con pies de plomo; los más pequeños también, porque no pueden soportar el descalabro de ventas, y sólo se mantienen quienes disponen de un importante músculo financiero y han tenido la fortuna de no ser arrollados por los males de su propio sector, y el acierto de no entrar en operaciones arriesgadas o económicamente poco rentables.

De cualquier forma, esta realidad, contrastada con el tremendo aumento de solicitudes de concursos de acreedores, y el cierre de hecho de muchas más empresas que no se acogen a la regulación concursal, no es negativo en si mismo, si pensamos que progresivamente irán surgiendo proyectos nuevos, con mínimos costes estructurales, con nuevas ilusiones y sin cargas externas que perjudiquen la idea, y que crearán puestos de trabajo, que sustituirán a los que se quedan por el camino. Optimismo es la palabra, frente a la dura realidad. Esto no es el fin, es el comienzo de una época diferente, esperemos que también desde el punto de vista ético. Lo nuevo sustituirá a lo viejo; lo débil dejará paso a lo fuerte, y lo rápido se cambiará por lo lento. En todos los sectores, sin excepción. Y se va a imponer un nuevo modelo de hacer negocios. Por cierto, quienes nos dedicamos al asesoramiento, al tratamiento del Derecho, también cambiaremos, y en la misma línea que el resto de la sociedad; de lo contrario, también desapareceremos.

 

Orizonia, preconcurso, concurso y fin


El devenir de los acontecimientos en los últimos días está conduciendo al Grupo turístico Orizonia, uno de los más potentes del país, al abismo. Desde hace años, los rumores sobre su situación financiera estaban al orden del día. El desplome de Marsans afectó enormemente a este grupo, ocasionándole un importante deterioro de tesorería. Pero como quiera que Orizonia estaba participada por fondos de inversión capaces de inyectar dinero al Grupo, parecía que este momento no iba a llegar. Después, el área minorista del grupo, Viajes Iberia, se lanzó a un extraordinario gasto de marketing para renovar sus agencias y cambiar la marca con la que históricamente eran conocidos, pasando a ser VIBO VIAJES, en una aventura sobre la que muchos opinan que fue una maniobra para escindir esta rama de negocio y venderla a un tercero. Igual no van muy desencaminados, y es lo que ahora se busca.

En cualquier caso, desde un punto de vista jurídico, lo que ahora se va a precipitar es la desaparición del Grupo, por medio de uno de los mayores concursos de los últimos años. Lo cierto es que este proceso concursal, cuando se inste, se diluirá entre varias sociedades (21 comunicaciones de preconcurso se han presentado en los Juzgados de Palma), pero nos encontraremos con toda probabilidad ante varios concursos con posterior liquidación, puesto que la empresa carece de tesorería y tiene en ciernes enormes cantidades de créditos contra la masa de difícil cumplimiento.

Tal y como está planteada la cuestión, la empresa parece ser que va a presentar un ERE de extinción en estos momentos que deberá ser negociado, con apertura de un período de consultas simultáneo y cuyo resultado será la extinción de entre 3.000 y 3.500 contratos de trabajo, extinciones que tendrán lugar con casi total seguridad tras la declaración de concurso de las empresas del Grupo, lo que quiere decir que las indemnizaciones, cuyo pago no podrá afrontar la compañía, pasarán a tener la condición de créditos contra la masa. Esta circunstancia y la escasez de tesorería con la que cuenta la empresa, a la vista de la imposibilidad para afrontar los pagos urgentes que le eran exigidos estos días (BSP, fundamentalmente), abocará a las empresas de Grupo (quizás alguna pueda escaparse de este terrible fin) a su liquidación y desaparición, y a la generación de un importante crédito a favor del Fondo de Garantía Salarial.

Las noticias sobre la posibilidad de vender por partes el Grupo carecen de mucho fundamento por las siguientes razones:

1. Si alguna de las empresas se vendiese antes de la solicitud de concurso, el comprador debería hacerse cargo de las deudas existentes, y negociar con los acreedores algún acuerdo de pago. Me parece realmente arriesgado, tal  y como se encuentra en este momento el negocio turístico que alguien se aventure a ello.

2. Si lo que se pretende es adquirir las empresas tras la solicitud de concurso, para aprovecharse de la quita que supuestamente se plantee a los acreedores y comprar así un negocio que funcione y disponga de un pasivo asumible, ello tampoco va a ser posible, puesto que para disponer del eventual convenio transcurrirá más de un año y, para entonces, el negocio ya estará muerto.

3. Y, finalmente, si lo que se pretende  es quedarse con alguna marca, con una rama de negocio en concreto de las muchas que explota Orizonia, deberá hacerse con mucho cuidado pues cualquier actuación de este tipo puede considerarse en perjuicio de la masa pasiva y encontrarse con la oposición de los acreedores, y por supuesto de la Administración Concursal y el Juzgado.

Desgraciadamente, considero que esta opereta terminará con el final del Grupo Orizonia y de las empresas que han desarrollado su actividad en el negocio turístico durante tantos años. Desaparecida Marsans, a punto de hacerlo Viajes Iberia, quedan Halcón-Ecuador (Globalia) y Viajes El Corte Inglés, y ambas se están tambaleando en la actualidad.

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¿En qué consiste el pre-concurso?


El artículo 5 bis de la Ley Concursal, anteriormente recogido con una redacción distinta bajo el párrafo 3 del artículo 5, establece una suerte de período de prórroga sobre la obligación de solicitar concurso de acreedores regulada en el artículo 5: “El deudor deberá solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia.”

Ante una exigencia tan rígida y de difícil valoración como la indicada por la norma, el artículo 5 bis permite a los deudores en situación cuasi concursal abrir un período de negociación con sus acreedores, bien para intentar acordar un convenio anticipado que acelere los trámites del eventual y posterior concurso, bien para obtener una refinanciación, fundamentalmente con acreedores financieros: “El deudor podrá poner en conocimiento del juzgado competente para la declaración de su concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio en los términos previstos en esta Ley.” Dicha comunicación deberá hacerse antes del vencimiento del plazo establecido en el artículo 5 (dos meses desde el conocimiento del estado de insolvencia) y concede en la práctica un plazo de cuatro meses para negociar.

A este período de “prórroga”, digámoslo en términos no jurídicos, es a lo que se denomina coloquialmente pre-concurso: una situación en la que no interviene el Juzgado de lo Mercantil salvo para dejar constancia de la comunicación realizada por el deudor, y que termina en ese momento.

El deudor que se acoge a lo previsto en el artículo 5 bis obtiene tres beneficios teóricos:

  1. El primero de ellos, y en realidad por el que la mayoría de las empresas se acoge a él, es evitar la presentación por parte de acreedores molestos de la solicitud de declaración de concurso necesario, puesto que la prórroga que se concede suspende temporalmente para el deudor la obligación de presentar concurso.
  2. El segundo de ellos, es la posibilidad de alcanzar acuerdos preconcursales con los acreedores para acudir al instituto del concurso con un convenio anticipado pactado, lo que en la práctica augura mayores posibilidades de viabilidad a la empresa concursada. Y asimismo, permite la refinanciación de las deudas en un escenario extraprocesal supuestamente menos agresivo que el que se encontrará el deudor tras la presentación del concurso.
  3. Y el tercero, consiste en la evitación de presentar concurso si la empresa, fruto de dichas negociaciones y refinanciones probables, sale de la situación de insolvencia.

Pues bien, como he indicado, estos tres beneficios son, a mi juicio, puramente teóricos, porque la práctica diaria nos expulsa del sueño idílico de esta situación preprocesal.

En primer lugar, respecto a la salvaguardia de la solicitud de concurso necesario por parte de los acreedores, he de decir que ciertamente ello es así y el artículo 5 bis configura esa barrera que impide tal declaración. Pero no es menos cierto que la norma cojea significativamente, porque el preconcurso no impide la presentación de procedimientos judiciales individuales contra el deudor tras la comunicación al Juzgado del 5 bis. Ante esta situación, lo que en la práctica ocurre es que tan pronto como los acreedores conocen la comunicación de “preconcurso“, se lanzan en una carrera desmedida a iniciar procedimientos de reclamación de deuda, fundamentalmente por la rápida vía del cambiario, para intentar llegar los primeros a la caza de la escasa liquidez de la que ya dispone la empresa deudora. Pero no sólo eso, sino que la propia Administración (Tesorería General de la Seguridad Social o Agencia Tributaria), conocedores por vía telemática de forma inmediata de la presentación del preconcurso corren a iniciar vías de apremio que previamente no habían considerado oportunas, para generarse una posición más ventajosa en el futuro concurso. Por tanto, el positivo efecto protector contra los acreedores, se convierte en la práctica en un grave deterioro de la masa activa y en una pelea por el sálvese quien pueda, que sólo consigue perjudicar al deudor gravemente e impedir una solución negociada con los acreedores.

En segundo lugar, en la mayor parte de los preconcursos no es cierto que el deudor inicie un período de negociación con sus acreedores para obtener un convenio anticipado. La realidad es que el deudor se introduce en un lamentable círculo de amenazas y coacciones del que difícilmente puede salir; de un lado, las conversaciones, cuando existen, se limitan a transmitir a los acreedores que cualquier solución es mejor que la declaración de concurso, con lo cual plantean opciones de pago ignominiosas y que faltan al respeto empresarial debido al acreedor; de otro lado, el acreedor, acostumbrado ya a otros concursos, intenta forzar el cobro por medios que no respetan la par conditio creditorum, y perjudica así un resultado global positivo de la negociación. Eso en cuanto a los acreedores mercantiles habituales (por no denominarles con la calificación jurídica de “ordinarios” que establece la Ley Concursal). Pero si hablamos de los acuerdos de refinanciación con entidades bancarias, ese sí que es un escenario peculiar. Difícilmente encontraremos un operador jurídico menos favorecedor de los acuerdos que las entidades financieras (perdón, sí, la Agencia Tributaria). Negociar con un Banco o con una Caja dentro de un preconcurso, y por supuesto dentro del concurso, es una pura entelequia. Su posición de superioridad económica y su lentitud administrativa impide, en general, cualquier acuerdo de refinanciación, salvo en aquellos casos en los que el pasivo financiero es tan elevado, que las entidades se ven casi obligadas a salir del grave cataclismo con el que se encuentran. Por tanto, no es en absoluto cierto que este período generoso de cuatro meses sirva para el fin con el que ha nacido, y por ello, desgraciadamente el ochenta por ciento de los concursos que se presentan tras acogerse al 5 bis entran sin convenio anticipado, y lo que sí han conseguido es llegar anticipadamente a la liquidación de la empresa, porque el resuello que le queda al deudor es ya mínimo tras el serio esfuerzo llevado a cabo. Y por fin, no debemos olvidar que, en la actualidad, la mayor parte de los preconcursos se plantean exclusivamente por los letrados como una estrategia para ganar tiempo (cuatro meses) porque el deudor no dispone de la ingente documentación precisada para presentar en el Juzgado la declaración de concurso.

Y en tercer lugar, en cuanto a la posibilidad de que en este espacio de tiempo la empresa salga de su situación de insolvencia, debo decir que es prácticamente imposible que ello se produzca en una situación normal de mercado como la actual. En realidad, esta cuestión lo que permite al deudor es no presentar la solicitud de concurso de acreedores si ha alcanzado un acuerdo con éstos o ha conseguido refinanciar su deuda. El antiguo artículo 5.3 no dejaba esta puerta abierta y todo el que se acogía al preconcurso debía, teóricamente, terminar presentando la solicitud de concurso. Lo cierto es que en la práctica algunas empresas lo presentaban y otras no, sin consecuencia alguna por ello, salvo el riesgo de que algún acreedor instase hábilmente el necesario. Con la actual redacción, el deudor, interpretando que ya no se encuentra en situación de insolvencia, está habilitado para no solicitar la declaración de concurso. Pero lo cierto es que rara vez la situación de insolvencia decae y, como hemos dicho, en la mayoría de los casos, se agrava.

Por tanto, y para concluir, el llamado preconcurso no sirve a los fines para los que está previsto pues, a mi juicio, existen graves defectos en su configuración jurídica que imposibilitan su eficacia. Desgraciadamente, es la antesala del concurso porque así está pensado, cuando debería suponer un dique de contención que disminuyese el número de concursos que en la actualidad llegan a los Juzgados, como una especie de mecanismo arbitral con los acreedores, con los que pactar acuerdos pre-procesales fuera de la sede concursal, en la que como todos sabemos, se acaba con la muerte legal de la empresa en la mayoría de los casos.

juzgados de zaragoza

El vaso medio lleno, siempre


Siguiendo con la fórmula del optimismo empresarial, una firma norteamericana de publicidad ha elaborado un video sobre nuestro país, en el que se dibuja una España más cercana a la realidad de lo que en los últimos años nos están haciendo creer. El video ha conseguido más de un millón de reproducciones. Sólo desde el optimismo saldremos adelante, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, pero hay que recordarlo día a día. Hay que alimentar la esperanza desde el positivismo y esta creación es un claro ejemplo de ello. Nosotros mismos no nos damos cuenta de lo que este país significa y de lo que tenemos. Recordémoslo.

Optimismo para 2013


La difícil situación actual nos impide ver la realidad, y la realidad es que todo está cambiando de manera vertiginosa. Hoy más que nunca se puede aplicar aquello de que “los árboles no nos dejan ver el bosque”. Pero a pesar de todo, del sufrimiento diario, de las constantes noticias que deterioran nuestra confianza en el sistema, de la escasa calidad de la clase política que cada mañana nos despierta con un episodio más reprochable que el anterior, lo cierto es que en este país de nuestras entretelas hay una gran mayoría de ciudadanos, trabajadores y empresarios, que luchan cada día como si fuese el último por sacar adelante sus empresas y sus economías domésticas.

Y eso es lo que nos tiene que llenar de optimismo para el 2013. Sólo el esfuerzo de la sociedad nos sacará adelante. Nada más, ningún gobierno, ni ninguna política económica lo harán. Y está en las manos de todos.

Nuestro despacho es visitado constantemente por personas que están peleando, que luchan sin descanso, pero que necesitan nuestra ayuda, unos para crecer y otros para no caer en el abismo. Pero todos pelean, a su manera, dentro de la legalidad, y de la ilusión por fortalecer un proyecto empresarial o personal. Cuando recibes esa energía positiva te das cuenta de que lo importante  está ahí, en el espíritu emprendedor, en el sacrificio personal, en la búsqueda del camino correcto. Y eso, vuelvo a decir, es lo que nos debe llenar de optimismo para 2013.

Personalmente, estoy convencido de que el año que empieza puede ser un año estupendo, si todos tenemos esa convicción y si dejamos de esperar que alguien nos solucione el problema. Hagamos, construyamos, olvidémonos del año pasado y del anterior, y del otro, y extraigamos los aspectos positivos de todos ellos que, sin duda, los ha habido en cada una de nuestras historias personales y profesionales. OPTIMISMO, es la palabra y es el concepto que debemos desarrollar: el empresario, porque se puede cambiar el rumbo, aunque resulte duro y traumático, y se deban olvidar algunos planteamientos grandilocuentes del pasado; el trabajador, porque existe una gran mayoría de empresas que son honradas y tratan al empleado con la dignidad que merece, y porque, en última instancia, existe la opción del emprendimiento, que supone una aventura vital, pero una aventura extraordinaria al fin y al cabo.

Creamos en nosotros mismos, en nuestras ideas, es el momento de la iniciativa, de los valientes, y de los luchadores. En todos los sentidos y en el área laboral y empresarial, más que nunca. Tenemos 365 días por delante para embarcarnos en la solución y para dejar atrás actitudes mediocres y acomodadas. Démosle un uso adecuado a este año, desde hoy, sólo está en nuestras manos. El pesimismo y la autocomplacencia no conducen a nada. Seamos positivos el ejercicio que ahora empieza y comprobaremos el resultado.

 Feliz 2013

Y como premio…Telefónica


En el día de ayer saltó la noticia del nuevo fichaje estrella de Telefónica. Las ilustres cabezas pensantes de la compañía decidieron contratar, como premio a sus conocimientos y a su calidad profesional, a un caballero que ha sido incluido recientemente entre los cinco peores directivos del mundo. Estupenda elección, sí señor. Cada uno en su casa hace lo que quiere, por supuesto, pero Telefónica lleva un camino ejemplar últimamente: Zaplana, Urdangarín, y ahora, como colofón, Rodrigo Rato.

Rodrigo Rato ha protagonizado en los últimos años una parte importante de la política nacional e internacional: fue desde 2004 a 2007 el Director Gerente del FMI que no sólo no vio venir la crisis sino que con su actuación ayudó a su nacimiento. El propio FMI elaboró un informe demoledor sobre la etapa en la que dirigió dicho organismo, que lo puso a los pies de los caballos.

Tras su salida precipitada del Fondo, cuando la crisis ya asomaba la nariz entre nosotros, a finales de 2007, el Sr. Rato recibió en reconocimiento por su estupenda labor, el buque insignia del PP en aquellos momentos: Bankia, un trasatlántico, que el bueno de Rodrigo convirtió en Titanic al poco de coger el timón.  Salió nuevamente por piernas, de la noche a la mañana, no se sabe si porque ignoraba cómo arreglar el desaguisado o porque le iban a sacar de ahí con lejía en cualquier momento. Lo cierto es que el bueno de Rato, dejó tirados a impositores e inversores y se marchó a su casa…unos meses; se escondió de todo el mundo, no dio la cara, desapareció de la escena pública, y no volvió a aparecer hasta que el Juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu le llamó a declarar en condición de imputado por la querella interpuesta por UPyD.

Pero no pasa nada, ya saldremos del paso, debió pensar don Rodrigo. Como mis amigos me deben infinidad de favores, ya encontraré algo rápidamente. Dicho y hecho. Unas llamadas de teléfono, unas conversaciones alrededor de una buena mesa, varios vinos después y algún toque para recordar lo que me debéis y todo lo que tengo que callar, y alehop! Telefónica, la empresa posiblemente más importante del país, tenía unos euritos dispuestos para ser asignados a don Rodrigo, que dada su influencia parece que se trata más de un rey astur que de un simple político.

Lo lamentable de la situación es que estos enjuagues políticos se produzcan en España en estos momentos, en los que la mayoría de los ciudadanos están atravesando graves dificultades y en los que las empresas de nuestro país, la gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas, se encuentran al borde del abismo, a pesar de haber actuado profesional y honradamente durante muchos años. Y, sin embargo, observan con estupefacción, cómo quienes han obrado de forma irregular o, al menos, han formado parte del problema, no sólo se van de rositas sino que continúan su carrera profesional recibiendo palmaditas en la espalda, y retribuciones millonarias (sólo por ser ex-Director Gerente del FMI, la prensa informa que percibe una pensión de 36.000 €). ¿Cómo puede entenderlo quien se ha quedado en el paro porque la empresa donde trabajaba ha cerrado, o el empresario que ni siquiera puede recibir prestación por desempleo y ha perdido su vivienda tras años de luchar contra el tsunami de la crisis? No lo pueden comprender, sencillamente porque es incomprensible. E indignante. Por cierto, Telefónica fue privatizada en 1997 durante la etapa de Rato en el Ministerio de Economía. ¿Será este fichaje la devolución de algún favor debido? Siento asco.

Desde el punto de vista jurídico, la contratación de Rato es perfectamente legal. Desde el punto de vista ético, no aguanta el más mínimo “test de estrés”: una persona imputada, co-responsable de la situación económica, designado entre los cinco peores directivos de 2012, y cuya capacitación profesional para asesorar a una empresa de telefonía es la misma que la de un niño para dirigir un laboratorio médico, sólo puede entenderse desde el prisma de la devolución de favores, o desde la óptica de las relaciones personales que este señor puede aportar para obtener contratos en el exterior (o en el interior), contratos que si necesitan de su intervención es porque su firma no tiene nada que ver con el desarrollo técnico o tecnológico que aporta la compañía, sino con los líos políticos que enlazan las relaciones entre los países y que, no lo olvidemos, son el germen de lo que nos está ocurriendo. La ética en los negocios, esa interesante asignatura que imparten las escuelas de negocios modernas, y de la que tanto se les llena la boca a los grandes empresarios de este país cuando tienen que salir a la palestra, ha quedado relegada en esta ocasión nuevamente en favor de las conveniencias económicas y de las amistades peligrosas.

Va a ser difícil la salida de esta crisis. Pero saldremos, y la salida llegará sólo de la mano de los ciudadanos y de los empresarios honestos de este país, que son la gran mayoría, porque gracias a esta caterva de señoritos (éstos y los otros, no lo dude nadie) y de este perfil de personajes sin escrúpulos no conseguiremos nada. La ayuda no vendrá de ellos sino de nuestro esfuerzo y sacrificio. Ellos no van a cambiar, salvo que la sociedad les relegue al descrédito y a la desconfianza.

La semana próxima nadie recordará la noticia, porque el convulso día a día nos traerá novedades más lamentables, pero lo de Rato y Telefónica es de aurora boreal, es la constatación de que todo sigue igual, y de que los de arriba seguirán así mucho tiempo, a no ser que nos neguemos a admitir estas conductas y las reprobemos expresamente, todos a una.

Libelium, una empresa innovadora y de futuro


Libelium, la empresa fundada por Alicia Asín y David Gascón es una de las más laureadas de los últimos años en Aragón y dados sus numerosos reconocimientos a nivel nacional e internacional es un ejemplo de emprendimiento e innovación.

Como su propia web indica Libelium diseña y fabrica tecnología de hardware para la implementación de redes sensoriales inalámbricas de forma que integradores de sistemas, ingenierías y consultorías puedan llevar a cabo soluciones fiables para Ciudades Inteligentes a usuarios finales, en el mínimo tiempo de salida al mercado.

Recientemente, la revista Emprendedores, les dedicó un artículo donde glosaba su trayectoria. Se trata de una empresa joven, nacida de la Universidad de Zaragoza, como spin off en 2006 y con un futuro espectacular.  Nuestro despacho le asesora en material legal y está orgulloso de poder acompañarles en esta andadura.

El nuevo artículo 84.3 de la Ley Concursal


Entre los cambios introducidos por la Ley 38/2011 de 11 de octubre para la Reforma de la Ley Concursal, el artículo 84 incluye en su apartado 3 la imposibilidad de postergar el pago de los créditos de los trabajadores, los créditos alimenticios, los créditos tributarios y los de la Seguridad Social.

Dicho así parece no tener gran transcendencia pero en la práctica dicho cambio constituirá la puntilla para la gran mayoría de empresas en concurso que, a pesar de disponer de activos suficientes para cubrir los indicados pagos, carecen de la tesorería necesaria para afrontarlos a su devengo. Como digo, la imposibilidad de postergar estos pagos, sólo puede tener como consecuencia la inmediata solicitud de liquidación de la compañia. Es una lástima que, a pesar del espíritu conservacionista de la Exposición de Motivos de la Ley Concursal, su contenido no coincida con él. El interés del mantenimiento de la empresa concursada difiere en esencia con lo que la propia Ley en su articulado establece. Es absolutamente imposible, con la normativa actual, luchar por el mantenimiento de empresas en crisis, que deben acometer una obligada reestructuración para sobrevivir en el momento actual, lesionadas además por su situación concursal.

Realmente parece que lo que se busca es la liquidación inmediata de las sociedades concursadas, y desgraciadamente, lo van a conseguir.