Sentencia obtenida por Hernandez Pinilla Abogados en materia de responsabilidad de administradores


El pasado 2 de diciembre de 2016. nuestro despacho obtuvo Sentencia favorable contra dos administradores de entidad mercantil en reclamación de las deudas sociales, y en el ejercicio de la acción individual del artículo 236 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, como consecuencia del cierre de hecho de la sociedad que administraban.

sentencia sobre administradores en ejercicio de accion-individual

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La defensa del administrador social en materia de responsabilidad


Salvo la muerte, todo tiene solución. O eso se dice. Y las consecuencias de una demanda por responsabilidad de administradores se aproximan ciertamente a la muerte, pero a la muerte civil. Como ya he puesto de manifiesto en un post anterior, el ejercicio del cargo de administrador se ha convertido en los últimos años en una profesión de riesgo. El continuo goteo de acciones de responsabilidad contra el órgano de administración de las sociedades de capital determina un luctuoso final profesional para muchos directivos, algunos de los cuales han gestionado con honradez sus negocios, y otros lo han hecho con disparatado y negligente arrojo. Pero todos son pasados por la ley por idéntico tamiz, lo cual no deja de ser una tremenda injusticia.

Las demandas contra administradores sociales permiten en el caso del acreedor, del socio, o de la propia sociedad, purgar las culpas de quienes han actuado culpablemente con un comportamiento activo o pasivo. Una acción correctamente planteada tiene enormes posibilidades de éxito, aun ahora cuando las sucesivas reformas han limitado de forma sustancial el perímetro de responsabilidad. Pero hay que decir que los administradores también tienen defensa y que una correcta estrategia procesal nos va a permitir exonerar de la pretendida responsabilidad a demandados que ven todo perdido cuando reciben la inesperada visita del Servicio de Comunicaciones del Juzgado.

No soy partidario de trascribir artículos de la ley en mis comentarios, porque al lector lego no le aportan nada, y al experto en Derecho tampoco, puesto que ya los conoce. Considero que resulta más interesante aportar ideas.

Por extraño que parezca, lo primero que debemos analizar al defender a un administrador de una demanda de responsabilidad, es la deuda reclamada. Se olvida en ocasiones que el crédito debe ser vencido, líquido y exigible; y que las cantidades que el actor exige deben cumplir con determinados requisitos, entre ellos, y dicho sea de manera poco jurídica, que sean innegables. Muchas demandas contra administradores no prosperan porque la deuda exigida carece de sustento.

En segundo lugar, habremos de analizar las cuestiones procesales: las que impiden proseguir con el procedimiento, y las que no haciéndolo, constituyen el primer parapeto en el que el administrador se puede refugiar. Bajo mi punto de vista, el más importante es el instituto de la prescripción, pero no debemos olvidar la falta de legitimación pasiva que suele tener que ver con el momento del ejercicio del cargo por el administrador en relación con la fecha del nacimiento del crédito exigido. Un detenido estudio aportará sorpresas agradables.

Dicho esto, hemos de decir que resulta tremendamente importante delimitar cuál es la acción que se está ejercitando por el acreedor (dejamos al margen ahora la acción social) para marcar una línea de defensa apropiada para cada caso.

Pero, terminada la fase que yo denomino de defensa previa, habremos de entrar en el fondo de la cuestión. Como decimos, ya nos hallemos ante una acción individual o ante una acción objetiva del artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital, habremos de centrarnos en valorar o en contra argumentar sobre los ejes principales sobre los que ellas descansan. Si nos encontramos ante una acción individual, la discusión jurídica deberá centrarse en determinar la concurrencia de los elementos de la misma: culpabilidad o negligencia, nexo de causalidad y resultado dañoso. En más ocasiones de las que parece, un correcto planteamiento en este sentido permite resultado exitosos. Pero, como es obvio, cada supuesto de hecho tiene matices que lo hace diferente al resto.

Y si nos encontramos ante una acción objetiva del artículo 367, los parámetros que habrá que analizar son muy distintos: si efectivamente concurre causa de disolución; si el crédito es anterior o posterior al momento en que nace dicha causa, y si podemos desvirtuar su existencia por uno u otro mecanismo probatorio. No debemos olvidar que en el proceso civil, el demandado, a mi juicio, juega con una cierta ventaja como es el hecho de que el demandante ha debido poner encima de la mesa todas sus cartas en el momento en el que inicia la acción, y la jugada ya se va a limitar a las pretensiones esgrimidas en la demanda, salvo excepciones que todos conocemos y que no se suelen dar con habitualidad. Por eso, considero que el demandado, que suele ser quien tiene una peor situación jurídica, sí que cuenta con una mejor situación procesal.

En fin, mecanismos de defensa los hay; posibilidades de éxito también y circunstancias que pueden beneficiar al administrador social se pueden encontrar. Como decimos, gran parte de los administradores son dignos profesionales que no merecen un injusto final a su trayectoria, pero la normativa mercantil no está pensada para hacer un juicio moral del comportamiento tenido sino, en este caso, para preservar los derechos de los acreedores o terceros perjudicados.

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Responsabilidad solidaria de los administradores por deudas sociales


El cargo de administrador de una sociedad de capital se ha convertido desde hace tiempo en una profesión de alto riesgo; de ahí, la proliferación de pólizas de responsabilidad civil para directivos cuya contratación recomiendo vivamente puesto que permiten un ejercicio tranquilo de las obligaciones del puesto; o por decir mejor, un ejercicio ajeno a los riesgos patrimoniales inherentes al cargo.

Dicho lo anterior, la normativa en materia de responsabilidad de administradores recogida en la Ley de Sociedades de Capital, distinta por razones obvias de la responsabilidad tributaria o de la penal, se articula bajo el paraguas de tres acciones absolutamente diferenciadas: la acción individual, la acción social y la acción que la doctrina ha denominado como acción directa o cuasi objetiva.

Es esta última, la acción directa o cuasi objetiva, la que recoge el artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital, sobre la que hablaré en este post.

Artículo 367 Responsabilidad solidaria de los administradores
1. Responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución.
2. En estos casos las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior.

El artículo trascrito ha sufrido diversas modificaciones en las últimas reformas. Las ha sufrido por un lado, porque inicialmente y con otra redacción, venía recogido en las antiguas normas sobre Sociedades de Responsabilidad Limitada y sobre Sociedades Anónimas; y las ha sufrido, por otro, por las revisiones que ha experimentado y que han supuesto una limitación a las circunstancias de aplicación, lo que ha determinado que los casos de responsabilidad directa o cuasi objetiva no sean tan abundantes como con la normativa anterior.

Ello no obstante, son todavía elevados los supuestos de administradores sociales que ven enjuiciada su actuación directiva y a los que es de aplicación el indicado artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital.

De forma sencilla, hemos de decir que el precepto aludido castiga el incumplimiento de las obligaciones propias del cargo por parte del órgano de administración y, en concreto, la dejación de funciones consistente en la no convocatoria de junta general para adoptar el acuerdo de disolución, la disolución judicial o, en su caso, el concurso de acreedores, cuando concurren las circunstancias del artículo 363-1 de la Ley de Sociedades de Capital.

¿Y cuáles son esas circunstancias descritas en el artículo 363.1? El artículo enumera ocho supuestos, pero por su frecuencia procesal, los casos más habituales son el denominado cierre de hecho de la sociedad (recogido como el cese del ejercicio de la actividad durante al menos un año, o como la conclusión de la empresa que constituya su objeto), y la situación de reducción del patrimonio neto de la sociedad a menos de la mitad del capital social, como consecuencia de pérdidas.

Ambos supuestos resultan, por desgracia, ciertamente frecuentes y constituyen la base para el ejercicio de la acción de responsabilidad solidaria de los administradores del referido artículo 367 de la LSC. Dicho esto, lo que la norma persigue es el castigo al órgano de administración que, aun encontrándose la sociedad en tal situación, continúa generando obligaciones en el tráfico mercantil en grave perjuicio de sus acreedores. Como se puede entender, la situación más habitual de aplicación de este artículo es la segunda, es decir, el deterioro patrimonial como consecuencia de pérdidas, pues difícilmente se generarán deudas sociales tras el cierre de hecho de una sociedad mercantil, aunque sin duda también puedan existir ejemplos de ello.

Pues bien, el referido precepto, como decimos, solo hace responsables a los administradores de las deudas que se generan con posterioridad a la concurrencia de la causa de disolución, matiz que precisamente fue introducido por las reformas aludidas al comienzo de este post, pues anteriormente la responsabilidad solidaria se extendía a todas las deudas sociales. Depende de la trinchera en la que uno esté, la del acreedor o la del administrador, habrá supuesto un cambio perjudicial o ciertamente muy beneficioso, en este último caso, para los administradores.

“Responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución…”

Finalmente, el apartado 2 del mencionado precepto establece una presunción “iuris tantum” en relación con el momento en el que se considerará nacida la obligación de la que los administradores sociales deben responder.

“En estos casos las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior”

De igual modo que la norma beneficia al administrador, limitando su responsabilidad patrimonial a las deudas posteriores a la situación de causa de disolución, le perjudica ahora estableciendo la referida presunción y, favorece al acreedor dañado hasta el punto de determinar que, salvo prueba en contrario, las deudas reclamadas se entenderán posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución. Evidentemente, dicha cuestión será objeto de prueba en sede judicial, pero una deficiente o a veces inexistente defensa por parte del administrador orgánico, decantará la balanza hacia el acreedor reclamante.

El precepto aquí estudiado constituye una interesante herramienta en la lucha contra la morosidad, que no todos los abogados conocen, y que tiene ya un largo y dilatado recorrido jurisprudencial. Ahora bien, su correcto ejercicio será el que marque las posibilidades de éxito de la acción. No cabe duda de que también existen mecanismos de defensa frente a la acción de responsabilidad solidaria por deudas sociales, pero eso será objeto de otro post.

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Quien solo sabe Derecho, ni Derecho sabe


Hace ya mucho tiempo, cuando yo era tan solo un proyecto de lo que ahora soy, y mi tiempo se repartía básicamente entre aprender y descubrir, tuve la suerte de cruzarme en el camino con grandes maestros, que dejaron un serio poso en mi inquieto desarrollo profesional. Uno de ellos fue Carlos Carnicer, insigne letrado que durante varios años ha representado con dedicación absoluta a todos los abogados del país, al frente del Consejo General de la Abogacía. En aquellas clases de la Escuela de Práctica Jurídica, nos transmitió un profundo amor por la profesión, dándonos consejos que entonces, y ahora, me parecen realmente interesantes. Uno de los aforismos que recuerdo con más nitidez, y que empleo y repito habitualmente por la sabiduría que encierra, es el que da título a este post: “Quien solo sabe Derecho, ni Derecho sabe“.

Nuestra profesión ha estado siempre, y está ahora más que nunca, sembrada de dificultades técnicas, de cambiantes criterios jurisprudenciales, de constantes modificaciones legislativas y de una competencia desbordante. Pero si algo tengo claro en todos estos años de ejercicio es que el conocimiento jurídico, la preparación técnica y el constante esfuerzo no son suficientes en este mutante período en el que nos encontramos.

Conocer de otras disciplinas es una condición indispensable para desarrollar con criterio la función que nuestro cliente nos tiene encomendada. En el área del Derecho de los Negocios, o del Derecho de Empresa, no es suficiente con trabajar y aplicar la normativa mercantil, laboral o tributaria. Es preciso, entender el funcionamiento interno de una compañía; tener nociones de marketing, de recursos humanos, de finanzas, de desarrollo de negocio o de gobierno corporativo. Es necesario aportar un plus a nuestra oferta, transmitir al directivo que conoces su sector, que hablas, en fin, su mismo idioma. Que vas a entender las motivaciones de una política de reducción de personal porque eres capaz de asumir el porqué de la aplicación de un ajuste en los costes de producción. Que la fusión que desea llevar a cabo está enmarcada dentro de una estrategia más amplia de desarrollo de negocio, al margen del nacimiento de determinadas sinergias que ayudarán al crecimiento exponencial de la compañía. O que la compra de un negocio en funcionamiento va más allá del mero impacto en la cuenta de resultados. Poder transmitir esa sensación de comprensión al empresario hace nacer un vínculo de confianza entre ambos, y disponer de estos conocimientos añadidos permite ofrecer mejores soluciones globales a nuestros clientes.

Pero no solo en el área del Derecho de los Negocios es aplicable el aforismo. Estemos embarcados en el asunto que estemos, necesitamos saber, para ofrecer respuestas adecuadas. Debemos conocer las costumbres de la zona en un asunto de servidumbres; debemos tener ciertos conocimientos en la esfera médica cuando trabajamos un accidente de tráfico; o poder hablar con criterio cuando en un procedimiento por arrendamientos rústicos tenemos que expresarnos sobre los ciclos productivos de la alfalfa. No hablemos ya de las nuevas tecnologías, donde solo la certeza de conocerlas, permite sin lugar a dudas un resultado óptimo.

Quien solo sabe Derecho, ni Derecho sabe me resulta una frase absolutamente real. Nuestro trabajo, emocionante como no hay otro, requiere de unos conocimientos mínimos en otras materias que nos hacen mejores profesionales y cuya carencia nos haría mediocres e incompletos abogados. Venga entonces el estudio de lo nuevo, la atracción por lo diferente, y la pasión por el aprendizaje, porque nos van a ayudar a nuestro crecimiento profesional.

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Ser empresa en un pueblo pequeño


Ser empresa es un reto. Ser empresa en un pequeño pueblo es una verdadera hazaña. A los habituales obstáculos con los que se encuentra un emprendedor (obligaciones tributarias, obligaciones sociales, dificultades de financiación, enorme competencia…) se añaden los propios de las zonas rurales, obstáculos que quien emprende en una gran ciudad ni siquiera alcanza a sospechar.

¿Cómo se inicia una andadura empresarial hoy en un lugar en que el acceso a internet es limitado? Parece difícil, ¿verdad? Hoy casi se nos antoja imposible.

¿Cómo se arriesga uno a emprender en un municipio pequeño en el que los cortes de suministro eléctrico forman parte del ecosistema? Cuando se habla de ecosistema en la ciudad, se habla de otra cosa. Es ese conjunto de variantes agregadas que conforman el escenario empresarial de un determinado sector. Pero cuando se habla de ecosistema en una pequeña localidad debe interpretarse como algo diferente, más próximo a la definición originaria de ecosistema, que tiene que ver con una comunidad de seres vivos que comparten un espacio o un medio natural. El ecosistema empresarial rural implica dificultades propias del medio: limitaciones en el acceso a la red, suministro  de servicios deficientes, necesidad evidente de medios de transporte, distancia a los lugares donde se adoptan decisiones en la gran ciudad, dificultad en la negociación para acceder a fuentes de financiación o carencias en el asesoramiento de profesionales de calidad. Cuestiones tan básicas que en la ciudad ni siquiera se llegan a echar de menos, pero que hacen que su ausencia suponga un menoscabo en las posibilidades del emprendedor rural.

Por ello, hay que agradecer a esos locos maravillosos que pelean contra la crisis demográfica, contra la pérdida de población en el medio rural, llevando a cabo ingeniosos proyectos lastrados por la falta de medios, su esfuerzo titánico por mantener vivo un lugar; y no solo por mantenerlo, sino por intentar revitalizarlo, porque su mérito es ingente. Luchan contra los elementos propios de todo emprendedor, y luchan contra los demás elementos, los que corresponden a las carencias del mundo rural.

Sin embargo y, a pesar de su gigantesco esfuerzo no obtienen reconocimiento público; tan solo algunos pocos casos de éxito son premiados como algo excepcional y tristemente residual. Pero no se les concede el apoyo institucional que merecen, es probable porque políticamente no reportan beneficios o porque no generarán nunca el retorno en publicidad que su ingrato trabajo debería producir.

El emprendedor rural, desde el agricultor o el ganadero que innovan, hasta quien apuesta decididamente por la creación de una nueva empresa es un luchador nato; es la persona que se enfrenta diariamente con un reto diferente; es quien genera ideas nuevas día a día, quien elabora estrategias de marketing realmente audaces, quien destruye tópicos y quien genera sinergias entre el microcosmos empresarial de la zona.

Debemos favorecerle, ayudarle, proporcionarle asesoramiento e infraestructuras, si no queremos que esos pequeños pueblos que están atacados por el cáncer de la despoblación, firmen su acta de defunción. Más tardes nos arrepentiremos de ello. Fortalezcamos ese ecosistema. Ayudemos a esos estupendos empresarios a desarrollar sus proyectos. Dediquemos a ellos el tiempo y la atención que merecen y agradezcámosles su esfuerzo e ilusión. Generarán negocio, crearán desarrollo sostenible, fijarán población y mantendrán viva la llama de la esperanza del mantenimiento de esas pequeñas islas de vida diferente que son nuestros pueblos.

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Cansado de las cláusulas suelo. La moda pasajera


Cláusula suelo. La cuestión jurídica del momento. El objetivo de muchos despachos. La moda pasajera.

Hace tiempo que los medios de comunicación y profesionales del sector han encontrado en las cláusulas suelo un interesante nicho de mercado. Desde hace tiempo, no pasa un solo día sin que salte a la palestra una noticia relacionada con el tema. Primero fue la Sentencia del Supremo del año 2013 sobre la nulidad de las cláusulas suelo de determinadas entidades financieras; a continuación, a su rebufo, las innumerables interpretaciones y críticas al respecto.

Poco tiempo después nos desayunábamos un día sí y otro también con resoluciones de Audiencias Provinciales o tribunales menores al respecto, dando lugar a un aluvión de opiniones sobre el particular. Al hilo de ellas, comentaristas de todo calado, sabelotodos del Derecho y opinadores en masa, nos trasladaban sus versadas opiniones sobre la interpretación de la nulidad en el Código Civil. Mejor dicho, lanzaban al aire su propaganda dialéctica a favor o en contra del referido concepto según soplase el aire de su propio interés particular.

Más tarde, nos infectaron con el informe del abogado general del Tribunal Europeo sobre su opinión, no vinculante, respecto del criterio temporal sobre la nulidad. Las aguas se calmaron un poco alrededor de las entidades financieras, y se agitaron en torno a las asociaciones de consumidores y algunos despachos de abogados que no entendían el curioso criterio del abogado general.

Pero el tiempo trascurría, los procesos judiciales se suspendían a la espera de una resolución definitiva del Alto Tribunal Europeo, mientras la prensa y las entidades que necesitaban moverse para no ser olvidadas, seguían dando el callo en las redes para mantener viva la cuestión.

Finalmente, ahora, la reciente Sentencia de 21 diciembre del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha adoptado una decisión, coherente donde las haya, si de lo que se trataba era de resolver la cuestión que se le planteó: si los efectos de la nulidad son “ex tunc” o “ex nunc”; es decir, si los efectos de la declaración de nulidad de una cláusula lo son desde el inicio o desde el momento de la resolución que la declara.

A todos los que nos movemos en el mundo del Derecho nos sorprendió la Sentencia de 2013 de nuestro Tribunal Supremo que declaraba la nulidad e inventaba un argumento de política económica para atribuir los efectos tan solo desde ese momento. Lo lógico es lo que ha ocurrido. Que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha corregido a nuestro Alto Tribunal, manifestando que la declaración de nulidad debe tener efectos desde el momento en que fue incorporada al contrato.

Pues bien, llegados a este punto, este Letrado se encuentra harto de tanta literatura, de tanto marisabidillo y de tanto profesional que se sube al carro de las cláusulas suelo para hacerse un hueco en nuestra difícil profesión, anunciando que son expertos, especialistas dicen, en cláusulas suelo, y reclamaciones a entidades bancarias. Hago un paréntesis para recordar que hay compañeros de profesión tremendamente pulcros, correctos, preparados y capaces, que llevan toda la vida dedicándose con precisión a esta variante del Derecho y sobre los que tengo el mayor de los respetos. Sin embargo, al revuelo de todo el movimiento mediático han surgido de pronto especialistas en nada que, atraídos por la sangre, se han hecho un hueco a empujones en este minisegmento del Derecho, convirtiéndose ahora ficticiamente en adalides de la defensa de los derechos del consumidor, cuando en realidad, lo único que tratan es de obtener un lucro fácil llevados por la vertiginosa corriente de la defensa del perjudicado, engañado en algunos casos por las entidades financieras, y conscientes en la mayoría de ellas de lo que habían firmado, aunque ahora se llamen andana.

Lo cierto es que vivimos en un mundo atroz, que devora y se lleva por delante carros y carretas en menos que canta un gallo. Eso es lo que les ha pasado a muchas entidades financieras que están soportando ahora los desmanes que llevaron a cabo en los años del crecimiento. Otras no, otras se comportaron de manera profesional, explicando concienzudamente a sus clientes lo que contrataban, pero a pesar de su ético comportamiento, van a sufrir ahora las consecuencias de la pena civil que la sociedad ha impuesto a la generalidad del sistema financiero. Porque es verdad que la inquina de gran parte de los ciudadanos hacia los Bancos se fundamenta en los abusos que en muchos casos se cometían y, ahora que el cliente tiene la sartén por el mango, no la va a querer soltar. No es justo en modo alguno tratar a todas las entidades por igual; ni lo es criminalizar a sus empleados. Ocurre que la deriva pasional hacia la que la difícil situación económica ha llevada a muchos ciudadanos, no permite ver más allá de los árboles de la generalizacion, impidiendo apreciar el bosque de la individualidad.

La velocidad con la que camina nuestra sociedad, nuestro sector jurídico, nuestro mundo empresarial hará que en unos meses, una vez trascurrido el plazo que el urgente Real Decreto elaborado por el Gobierno conceda para la resolución extrajudicial del conflicto, todo se desvanezca. Unos ciudadanos alcanzarán acuerdos amistosos; otros se verán abocados, como hasta ahora, a plantear la oportuna demanda judicial; y otros, insatisfechos siempre, buscarán las cosquillas nuevamente, abrirán nuevas heridas o espacios de posible reclamación, ayudados por los sempiternos buscadores de nichos de conflicto. Esa misma velocidad en la que se ve inmersa nuestra sociedad, es la que hará desaparecer del mercado a quienes han surgido de la nada al hilo de la posibilidad del dinero fácil, de la reclamación a bulto al poderoso.

A mí me agota toda este tema. Me canso de no oír hablar de otra cosa, como si no existiesen profesionales dedicados a otras ramas del Derecho que hacen su trabajo de manera excepcional. Nadie habla de los abogados de oficio, ni de los estupendos especialistas en nuevas tecnologías que están surgiendo al hilo de esta nueva revolución digital que tenemos encima. Ni de los grandes conocedores del mundo del Derecho Laboral o del Derecho Mercantil. Aquí solo se habla de las cláusulas suelo: anuncios en prensa, en televisión, en cualquier medio. Pues muy bien, las cláusulas suelo, los swaps, las multidivisa, las preferentes…se van a terminar más pronto que tarde. Los abogados, por si no lo sabe el público, somos algo más que reclamadores automáticos, que gestores de expedientes. Somos asesores, somos consejeros y somos solucionadores de problemas. Es una profesión estresante, pero al mismo tiempo emocionante. Y tenemos que estar preparados, humana e intelectualmente para el futuro. Las cláusulas suelo han sido una moda, pero por suerte o por desgracia, ya son el pasado.

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Con fecha de ayer 7 de diciembre, nació nuestra web www.hernandezpinillaabogados.es  que esperamos os guste. Una web que identifica nuestro despacho y nos coloca en la red para que nuestros clientes y amigos puedan visitarla y conocernos. Gracias a todos por estar ahí

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Grupo Hierros Alfonso, cincuenta años de ilusión


El pasado día 15 de septiembre tuvo lugar en la Cámara de Comercio un emotivo acto de celebración en el que se conmemoraba el cincuenta aniversario de Hierros Alfonso, S.A., cabecera del Grupo Empresarial Hierros Alfonso, compuesto por varias empresas del sector a lo largo de la geografía aragonesa entre las que se encuentran Hierros Huesca, S.A., Alfonso Fecar, S.A., Hierros Alcañiz, S.A., Suministros Industriales Hierros Alcañiz, S.L., y Granallados y Tubos, S.A.

Tras las amables palabras de don Manuel Teruel, Presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza, y de la Consejera de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón, doña Marta Gastón, el Gerente de la compañía, don Fernando Moraga, realizó un breve repaso por la historia del grupo, recordando el carácter emprendedor de su fundador, don Alfonso Asensio, y agradeciendo a los empleados el esfuerzo de todos estos años, acompañándose de un precioso video que recorría buena parte de estos cincuenta años.

Como no podía ser de otro modo, el acto fue también un homenaje a la actual Presidenta, doña Dolores López Martínez, la mujer que actualmente está al frente del Grupo Empresarial y que goza del cariño de la plantilla por su constante ánimo innovador y su encomiable espíritu emprendedor.

El Grupo Empresarial Hierros Alfonso es ya una institución, que lleva bien alto el estandarte aragonés por toda España, que trabaja constantemente en la innovación y en la seriedad de sus compromisos, y que mantiene un nivel muy elevado de calidad en todos sus departamentos, lo que la configura como una de las empresas de nuestra Comunidad con mayor proyección a nivel nacional, a pesar de sus cincuenta años de experiencia en este difícil mundo de los negocios. Ha atravesado con éxito las dificultades de la crisis global y ha hecho frente a la enorme competencia del sector de manera inteligente.

Orgulloso de colaborar con vuestro proyecto.

 

La extraña política negociadora de las entidades financieras


Jamás entenderé, a pesar de que algunas personas han querido explicármelo, y que otras lo justifican, la extraña política negociadora de las entidades financieras con sus deudores.

Nunca comprenderé porqué cuando un deudor, acogotado por las deudas, pretende negociar con su entidad financiera y se alcanza la posición de plantear una quita, la entidad se niega en redondo a aceptarla, a sabiendas en la mayoría de los casos de que difícilmente podrá recuperar nada más en muchos años del deudor.

Esta actitud podría tener una explicación basada en las exigencias de provisión del Banco de España, o en una política general de la entidad, pero lo que realmente es incomprensible es que meses después de esta negociación, la entidad financiera en cuestión venda el crédito fallido a un fondo buitre por valores que no alcanzan en la mayoría de los casos ni siquiera el 5% de dicho crédito, cuando el pobre deudor ha ofrecido cantidades muy superiores y no han sido aceptadas por la entidad.

Ello supone mantener al deudor en todos los ficheros de morosos, impedirle proseguir con su actividad de manera razonable, cuando se trata de un empresario, continuar incrementando la deuda con tipos de interés, probablemente abusivos, que nunca se cobrarán, y si se llegan a cobrar, situar en una situación de indigencia social a muchas personas que tan solo han sido culpables (en la mayoría de los casos) de estar ahí cuando ha llegado el tsunami. Por supuesto no se puede generalizar nunca, pero hoy, en el difícil momento que atraviesa la sociedad, me atrevo a decir que la mayor parte de los deudores con entidades financieras no forman parte de ese grupo de indecentes especuladores que han contribuido a esta sangrante crisis generalizada, sino que son personas y empresarios honrados que, o bien han perdido el puesto de trabajo del que disponían, o bien como empresarios, han acusado en su cuenta de resultados el desesperante descenso de ventas que la situación general ha supuesto en todo los sectores.

A veces me planteo si quienes dirigen las entidades financieras viven en este planeta, y alcanzo a entender porqué han llegado a la situación en la que se encuentran. Una pésima gestión del riesgo fue la primera parte del problema; una lamentable gestión de la morosidad ha sido la segunda parte, probablemente porque las personas al frente de estos departamentos eran colocados ahí sin ningún conocimiento del mundo del recobro, con la única preparación de “somos el poderoso, y sólo se pasa por donde nosotros decimos”, un cementerio de elefantes en muchos casos, como se puede demostrar sin duda alguna. La mayor parte de empresas y profesionales dedicados a la gestión de la morosidad han flexibilizado sus conductas y sus criterios de reclamación en los últimos años. Reclamar un impago no exigía lo mismo hace diez años que desde los últimos cinco, y las entidades financieras siguen ancladas en el pasado, haciendo un flaco favor a la sociedad.

Que alguien me explique, por favor, cuándo se van a enfrentar a la realidad y cuándo van a empezar a ponerse a la altura de esta sociedad que tanto ha hecho por ellas estos años, en los que estamos pagando sus desafueros, y nuestros hijos seguirán haciéndolo durante mucho tiempo.

fondos buitre