La extraña política negociadora de las entidades financieras


Jamás entenderé, a pesar de que algunas personas han querido explicármelo, y que otras lo justifican, la extraña política negociadora de las entidades financieras con sus deudores.

Nunca comprenderé porqué cuando un deudor, acogotado por las deudas, pretende negociar con su entidad financiera y se alcanza la posición de plantear una quita, la entidad se niega en redondo a aceptarla, a sabiendas en la mayoría de los casos de que difícilmente podrá recuperar nada más en muchos años del deudor.

Esta actitud podría tener una explicación basada en las exigencias de provisión del Banco de España, o en una política general de la entidad, pero lo que realmente es incomprensible es que meses después de esta negociación, la entidad financiera en cuestión venda el crédito fallido a un fondo buitre por valores que no alcanzan en la mayoría de los casos ni siquiera el 5% de dicho crédito, cuando el pobre deudor ha ofrecido cantidades muy superiores y no han sido aceptadas por la entidad.

Ello supone mantener al deudor en todos los ficheros de morosos, impedirle proseguir con su actividad de manera razonable, cuando se trata de un empresario, continuar incrementando la deuda con tipos de interés, probablemente abusivos, que nunca se cobrarán, y si se llegan a cobrar, situar en una situación de indigencia social a muchas personas que tan solo han sido culpables (en la mayoría de los casos) de estar ahí cuando ha llegado el tsunami. Por supuesto no se puede generalizar nunca, pero hoy, en el difícil momento que atraviesa la sociedad, me atrevo a decir que la mayor parte de los deudores con entidades financieras no forman parte de ese grupo de indecentes especuladores que han contribuido a esta sangrante crisis generalizada, sino que son personas y empresarios honrados que, o bien han perdido el puesto de trabajo del que disponían, o bien como empresarios, han acusado en su cuenta de resultados el desesperante descenso de ventas que la situación general ha supuesto en todo los sectores.

A veces me planteo si quienes dirigen las entidades financieras viven en este planeta, y alcanzo a entender porqué han llegado a la situación en la que se encuentran. Una pésima gestión del riesgo fue la primera parte del problema; una lamentable gestión de la morosidad ha sido la segunda parte, probablemente porque las personas al frente de estos departamentos eran colocados ahí sin ningún conocimiento del mundo del recobro, con la única preparación de “somos el poderoso, y sólo se pasa por donde nosotros decimos”, un cementerio de elefantes en muchos casos, como se puede demostrar sin duda alguna. La mayor parte de empresas y profesionales dedicados a la gestión de la morosidad han flexibilizado sus conductas y sus criterios de reclamación en los últimos años. Reclamar un impago no exigía lo mismo hace diez años que desde los últimos cinco, y las entidades financieras siguen ancladas en el pasado, haciendo un flaco favor a la sociedad.

Que alguien me explique, por favor, cuándo se van a enfrentar a la realidad y cuándo van a empezar a ponerse a la altura de esta sociedad que tanto ha hecho por ellas estos años, en los que estamos pagando sus desafueros, y nuestros hijos seguirán haciéndolo durante mucho tiempo.

fondos buitre

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Protección por desempleo a socios trabajadores de Cooperativas


El Real Decreto 1043/1985 de 19 de junio amplió la protección por desempleo a los socios trabajadores de Cooperativas de Trabajo Asociado. La peculiaridad de la relación de trabajo que mantienen los indicados socios de las Cooperativas, que no tienen la condición de trabajadores por cuenta ajena, sino de asimilados a efectos de protección social, hizo necesario en su momento regular el sistema para la declaración de la situación legal de desempleo.

El referido Real Decreto establece un mecanismo de autorización por parte de la Dirección de Trabajo y Seguridad Social, similar al previsto para los expedientes de extinción colectiva anteriores a la Reforma Laboral. Es decir, que tiene que ser la Autoridad Laboral competente la que, previo informe de la Inspección de Trabajo, dicte resolución declarando la situación legal de desempleo, una vez constatada la concurrencia de la causa invocada por los solicitantes.

Resulta interesante en estos momentos hacer referencia a esta norma cuando empresas en régimen de cooperativa como Fagor o Edesa se encuentran ante el inminente cese de operaciones, tras la presentación de la solicitud de concurso de acreedores.

cooperativas

Extinciones laborales y concurso de acreedores


Desde un punto de vista estratégico, la presentación del concurso de acreedores a su debido tiempo y  realizar los oportunos ajustes laborales en el momento adecuado, puede suponer la diferencia entre un concurso de acreedores exitoso y el más absoluto de los fracasos.

Como ya hemos dicho en anteriores artículos, la mayoría de los empresarios demora en exceso la presentación del concurso de acreedores, sin un fundamento financiero claro, retraso que deteriora la situación de la empresa en gran medida y provoca que la mayoría de los concursos de nuestro país terminen en liquidación.

En cualquier caso, cuando la decisión está tomada, es preciso por lo general, adoptar medidas de reducción de costes en materia laboral que puedan permitir la continuidad de la compañía. Y ello, fundamentalmente, para lograr una mayor racionalización de los elementos productivos. La mayoría de las situaciones de crisis que estamos viviendo traen causa de un descenso sustancial en el volumen de ventas de las empresas, descenso que en muchas ocasiones sobrepasa el 50% respecto a ejercicios anteriores. Para atajar dicho descenso es preciso contener el gasto, al menos en igual medida que la disminución de ingresos, y por ello, las primeras decisiones adoptadas por los órganos de dirección suelen ser expedientes colectivos de regulación de empleo, mediante suspensiones y reducciones de jornada.

Pero la experiencia nos dicta que las suspensiones de empleo o las reducciones de jornada suelen ser insuficientes para paliar la difícil situación que se crea ante una disminución tan significativa en las ventas. Por ello, el segundo movimiento de la partida, tiene la forma de extinciones de contratos de trabajo, ya sean de carácter individual, ya sean de carácter colectivo.

La decisión empresarial de proceder a la extinción de determinadas relaciones laborales en el seno de la plantilla, con el escenario de un eventual e inmediato concurso de acreedores, ha de ser correctamente planificada para evitar disgustos posteriores. Si el planteamiento concursal se realiza con el ánimo de mantener la viabilidad de la compañía, los movimientos extintivos deben ser realizados siempre, con anterioridad a la presentación del concurso de acreedores. Demorar estas decisiones en materia laboral a un momento posterior a la declaración del concurso, son sinónimo del fracaso más absoluto, como veremos a continuación.

Es necesario conocer que los créditos laborales, como el resto del pasivo de la sociedad, tienen distinta calificación jurídica dependiendo de si han nacido antes o después de la declaración de concurso. Y de la calificación que se les otorgue dependerá el momento en que deben ser atendidos. Los créditos anteriores a la declaración del concurso entran dentro de lo que se conoce como créditos concursales, por lo cual se rigen por los criterios de pago que se acuerden en el posterior convenio que, en la práctica, supone que se paguen como mínimo dentro de un año; por contra, los créditos nacidos con posterioridad a la declaración de concurso adquieren la condición de créditos contra la masa, los cuales por imperativo legal deben ser atendidos a su vencimiento, siempre y cuando exista tesorería para ello.

En definitiva, todo aquel crédito nacido antes de la declaración del concurso, podrá ser pagado a largo plazo; y los créditos nacidos tras la declaración de concurso, créditos contra la masa, deberán ser pagados de inmediato, asfixiando posiblemente la situación financiera, ya de por sí dañada en una empresa insolvente o carente de tesorería.

Por ello, ante la tesitura de proceder a extinguir contratos laborales por la vía del expediente colectivo o de forma individual, conviene a todas luces que se lleven a cabo con anterioridad a presentar la solicitud de concurso de acreedores, puesto que las indemnizaciones derivadas, generalmente elevadas, podrán ser atendidas con una cierta carencia financiera, adelantándolas previamente a los trabajadores el Fondo de Garantía Salarial. De no ser así, de plantear las extinciones post-concurso, podemos estar empujando a la compañía a la desaparición, si tiene que afrontar las cuantiosas indemnizaciones generadas en un corto espacio de tiempo.

crisi y ERE