La extraña política negociadora de las entidades financieras


Jamás entenderé, a pesar de que algunas personas han querido explicármelo, y que otras lo justifican, la extraña política negociadora de las entidades financieras con sus deudores.

Nunca comprenderé porqué cuando un deudor, acogotado por las deudas, pretende negociar con su entidad financiera y se alcanza la posición de plantear una quita, la entidad se niega en redondo a aceptarla, a sabiendas en la mayoría de los casos de que difícilmente podrá recuperar nada más en muchos años del deudor.

Esta actitud podría tener una explicación basada en las exigencias de provisión del Banco de España, o en una política general de la entidad, pero lo que realmente es incomprensible es que meses después de esta negociación, la entidad financiera en cuestión venda el crédito fallido a un fondo buitre por valores que no alcanzan en la mayoría de los casos ni siquiera el 5% de dicho crédito, cuando el pobre deudor ha ofrecido cantidades muy superiores y no han sido aceptadas por la entidad.

Ello supone mantener al deudor en todos los ficheros de morosos, impedirle proseguir con su actividad de manera razonable, cuando se trata de un empresario, continuar incrementando la deuda con tipos de interés, probablemente abusivos, que nunca se cobrarán, y si se llegan a cobrar, situar en una situación de indigencia social a muchas personas que tan solo han sido culpables (en la mayoría de los casos) de estar ahí cuando ha llegado el tsunami. Por supuesto no se puede generalizar nunca, pero hoy, en el difícil momento que atraviesa la sociedad, me atrevo a decir que la mayor parte de los deudores con entidades financieras no forman parte de ese grupo de indecentes especuladores que han contribuido a esta sangrante crisis generalizada, sino que son personas y empresarios honrados que, o bien han perdido el puesto de trabajo del que disponían, o bien como empresarios, han acusado en su cuenta de resultados el desesperante descenso de ventas que la situación general ha supuesto en todo los sectores.

A veces me planteo si quienes dirigen las entidades financieras viven en este planeta, y alcanzo a entender porqué han llegado a la situación en la que se encuentran. Una pésima gestión del riesgo fue la primera parte del problema; una lamentable gestión de la morosidad ha sido la segunda parte, probablemente porque las personas al frente de estos departamentos eran colocados ahí sin ningún conocimiento del mundo del recobro, con la única preparación de “somos el poderoso, y sólo se pasa por donde nosotros decimos”, un cementerio de elefantes en muchos casos, como se puede demostrar sin duda alguna. La mayor parte de empresas y profesionales dedicados a la gestión de la morosidad han flexibilizado sus conductas y sus criterios de reclamación en los últimos años. Reclamar un impago no exigía lo mismo hace diez años que desde los últimos cinco, y las entidades financieras siguen ancladas en el pasado, haciendo un flaco favor a la sociedad.

Que alguien me explique, por favor, cuándo se van a enfrentar a la realidad y cuándo van a empezar a ponerse a la altura de esta sociedad que tanto ha hecho por ellas estos años, en los que estamos pagando sus desafueros, y nuestros hijos seguirán haciéndolo durante mucho tiempo.

fondos buitre

Ineficacia de la Ley de Morosidad


En los últimos días se vienen escuchando voces que alertan sobre el incumplimiento de la Ley de Morosidad, ley que no olvidemos, nació en 2004 (Ley 3/2004 de 29 de diciembre) y fue reformada recientemente por la Ley 15/2010 de 5 de julio. Esta última norma levantó enormes expectativas porque tras su aprobación tuvo lugar una gran campaña mediática y política como si se hubiera logrado cuadrar el círculo.

Muchos profesionales ya entonces nos pronunciamos sobre la presumible incapacidad de esta ley para cambiar toda una filosofía empresarial cuando aquélla no recogía consecuencias para los incumplidores, empezando por las Administraciones Públicas y siguiendo por las empresas privadas. Establecer, como hizo la norma, un desideratum de plazos de pago, sin sanciones de orden administrativo o mercantil para quienes no los cumpliesen era una fórmula excesivamente abierta y vacía de contenido que difícilmente podría llegar a alcanzar ningún resultado.

Y esta opinión no sólo era fruto de un ejercicio de videncia, sino la constatación de que tras más de cinco años de vigencia de la Ley 3/2004 nada se había conseguido en este sentido. Es más, en todo ese período de tiempo todavía había un gran número de empresas (y de profesionales, que es más grave) que desconocía su existencia y su potencial aplicación. Y que poco o nada había ayudado su entrada en vigor, ya que el tsunami de la crisis se había llevado por delante todos los buenos propósitos del legislador. No hay que olvidar que el cumplimiento de las leyes debe coincidir con la realidad social y pretender que en una situación general de deterioro de los ingresos, con necesidad de financiación externa, a la que difícilmente se accede por motivos por todos conocidos, y en los que la supervivencia de las empresas está en juego, se cambien los hábitos de pago, mejorando los plazos de forma rápida, no deja de ser algo parecido a la Utopía de Tomás Moro.

Es una lástima, porque la Ley en esencia, es oportuna, adecuada y necesaria, pero la puesta en práctica de su espíritu no será posible si no se establece un mecanismo sancionador, mecanismo que no tiene que ver con multas con ánimo  exclusivamente recaudador, sino con medidas que impidan o perjudiquen el mantenimiento en el tráfico mercantil de las empresas incumplidoras. Y en el caso de las Administraciones Públicas, con el acceso a fuentes públicas de financiación si no se cumplen rigurosamente los plazos de pago legalmente previstos.