La defensa del administrador social en materia de responsabilidad


Salvo la muerte, todo tiene solución. O eso se dice. Y las consecuencias de una demanda por responsabilidad de administradores se aproximan ciertamente a la muerte, pero a la muerte civil. Como ya he puesto de manifiesto en un post anterior, el ejercicio del cargo de administrador se ha convertido en los últimos años en una profesión de riesgo. El continuo goteo de acciones de responsabilidad contra el órgano de administración de las sociedades de capital determina un luctuoso final profesional para muchos directivos, algunos de los cuales han gestionado con honradez sus negocios, y otros lo han hecho con disparatado y negligente arrojo. Pero todos son pasados por la ley por idéntico tamiz, lo cual no deja de ser una tremenda injusticia.

Las demandas contra administradores sociales permiten en el caso del acreedor, del socio, o de la propia sociedad, purgar las culpas de quienes han actuado culpablemente con un comportamiento activo o pasivo. Una acción correctamente planteada tiene enormes posibilidades de éxito, aun ahora cuando las sucesivas reformas han limitado de forma sustancial el perímetro de responsabilidad. Pero hay que decir que los administradores también tienen defensa y que una correcta estrategia procesal nos va a permitir exonerar de la pretendida responsabilidad a demandados que ven todo perdido cuando reciben la inesperada visita del Servicio de Comunicaciones del Juzgado.

No soy partidario de trascribir artículos de la ley en mis comentarios, porque al lector lego no le aportan nada, y al experto en Derecho tampoco, puesto que ya los conoce. Considero que resulta más interesante aportar ideas.

Por extraño que parezca, lo primero que debemos analizar al defender a un administrador de una demanda de responsabilidad, es la deuda reclamada. Se olvida en ocasiones que el crédito debe ser vencido, líquido y exigible; y que las cantidades que el actor exige deben cumplir con determinados requisitos, entre ellos, y dicho sea de manera poco jurídica, que sean innegables. Muchas demandas contra administradores no prosperan porque la deuda exigida carece de sustento.

En segundo lugar, habremos de analizar las cuestiones procesales: las que impiden proseguir con el procedimiento, y las que no haciéndolo, constituyen el primer parapeto en el que el administrador se puede refugiar. Bajo mi punto de vista, el más importante es el instituto de la prescripción, pero no debemos olvidar la falta de legitimación pasiva que suele tener que ver con el momento del ejercicio del cargo por el administrador en relación con la fecha del nacimiento del crédito exigido. Un detenido estudio aportará sorpresas agradables.

Dicho esto, hemos de decir que resulta tremendamente importante delimitar cuál es la acción que se está ejercitando por el acreedor (dejamos al margen ahora la acción social) para marcar una línea de defensa apropiada para cada caso.

Pero, terminada la fase que yo denomino de defensa previa, habremos de entrar en el fondo de la cuestión. Como decimos, ya nos hallemos ante una acción individual o ante una acción objetiva del artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital, habremos de centrarnos en valorar o en contra argumentar sobre los ejes principales sobre los que ellas descansan. Si nos encontramos ante una acción individual, la discusión jurídica deberá centrarse en determinar la concurrencia de los elementos de la misma: culpabilidad o negligencia, nexo de causalidad y resultado dañoso. En más ocasiones de las que parece, un correcto planteamiento en este sentido permite resultado exitosos. Pero, como es obvio, cada supuesto de hecho tiene matices que lo hace diferente al resto.

Y si nos encontramos ante una acción objetiva del artículo 367, los parámetros que habrá que analizar son muy distintos: si efectivamente concurre causa de disolución; si el crédito es anterior o posterior al momento en que nace dicha causa, y si podemos desvirtuar su existencia por uno u otro mecanismo probatorio. No debemos olvidar que en el proceso civil, el demandado, a mi juicio, juega con una cierta ventaja como es el hecho de que el demandante ha debido poner encima de la mesa todas sus cartas en el momento en el que inicia la acción, y la jugada ya se va a limitar a las pretensiones esgrimidas en la demanda, salvo excepciones que todos conocemos y que no se suelen dar con habitualidad. Por eso, considero que el demandado, que suele ser quien tiene una peor situación jurídica, sí que cuenta con una mejor situación procesal.

En fin, mecanismos de defensa los hay; posibilidades de éxito también y circunstancias que pueden beneficiar al administrador social se pueden encontrar. Como decimos, gran parte de los administradores son dignos profesionales que no merecen un injusto final a su trayectoria, pero la normativa mercantil no está pensada para hacer un juicio moral del comportamiento tenido sino, en este caso, para preservar los derechos de los acreedores o terceros perjudicados.

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Responsabilidad solidaria de los administradores por deudas sociales


El cargo de administrador de una sociedad de capital se ha convertido desde hace tiempo en una profesión de alto riesgo; de ahí, la proliferación de pólizas de responsabilidad civil para directivos cuya contratación recomiendo vivamente puesto que permiten un ejercicio tranquilo de las obligaciones del puesto; o por decir mejor, un ejercicio ajeno a los riesgos patrimoniales inherentes al cargo.

Dicho lo anterior, la normativa en materia de responsabilidad de administradores recogida en la Ley de Sociedades de Capital, distinta por razones obvias de la responsabilidad tributaria o de la penal, se articula bajo el paraguas de tres acciones absolutamente diferenciadas: la acción individual, la acción social y la acción que la doctrina ha denominado como acción directa o cuasi objetiva.

Es esta última, la acción directa o cuasi objetiva, la que recoge el artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital, sobre la que hablaré en este post.

Artículo 367 Responsabilidad solidaria de los administradores
1. Responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución.
2. En estos casos las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior.

El artículo trascrito ha sufrido diversas modificaciones en las últimas reformas. Las ha sufrido por un lado, porque inicialmente y con otra redacción, venía recogido en las antiguas normas sobre Sociedades de Responsabilidad Limitada y sobre Sociedades Anónimas; y las ha sufrido, por otro, por las revisiones que ha experimentado y que han supuesto una limitación a las circunstancias de aplicación, lo que ha determinado que los casos de responsabilidad directa o cuasi objetiva no sean tan abundantes como con la normativa anterior.

Ello no obstante, son todavía elevados los supuestos de administradores sociales que ven enjuiciada su actuación directiva y a los que es de aplicación el indicado artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital.

De forma sencilla, hemos de decir que el precepto aludido castiga el incumplimiento de las obligaciones propias del cargo por parte del órgano de administración y, en concreto, la dejación de funciones consistente en la no convocatoria de junta general para adoptar el acuerdo de disolución, la disolución judicial o, en su caso, el concurso de acreedores, cuando concurren las circunstancias del artículo 363-1 de la Ley de Sociedades de Capital.

¿Y cuáles son esas circunstancias descritas en el artículo 363.1? El artículo enumera ocho supuestos, pero por su frecuencia procesal, los casos más habituales son el denominado cierre de hecho de la sociedad (recogido como el cese del ejercicio de la actividad durante al menos un año, o como la conclusión de la empresa que constituya su objeto), y la situación de reducción del patrimonio neto de la sociedad a menos de la mitad del capital social, como consecuencia de pérdidas.

Ambos supuestos resultan, por desgracia, ciertamente frecuentes y constituyen la base para el ejercicio de la acción de responsabilidad solidaria de los administradores del referido artículo 367 de la LSC. Dicho esto, lo que la norma persigue es el castigo al órgano de administración que, aun encontrándose la sociedad en tal situación, continúa generando obligaciones en el tráfico mercantil en grave perjuicio de sus acreedores. Como se puede entender, la situación más habitual de aplicación de este artículo es la segunda, es decir, el deterioro patrimonial como consecuencia de pérdidas, pues difícilmente se generarán deudas sociales tras el cierre de hecho de una sociedad mercantil, aunque sin duda también puedan existir ejemplos de ello.

Pues bien, el referido precepto, como decimos, solo hace responsables a los administradores de las deudas que se generan con posterioridad a la concurrencia de la causa de disolución, matiz que precisamente fue introducido por las reformas aludidas al comienzo de este post, pues anteriormente la responsabilidad solidaria se extendía a todas las deudas sociales. Depende de la trinchera en la que uno esté, la del acreedor o la del administrador, habrá supuesto un cambio perjudicial o ciertamente muy beneficioso, en este último caso, para los administradores.

“Responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución…”

Finalmente, el apartado 2 del mencionado precepto establece una presunción “iuris tantum” en relación con el momento en el que se considerará nacida la obligación de la que los administradores sociales deben responder.

“En estos casos las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior”

De igual modo que la norma beneficia al administrador, limitando su responsabilidad patrimonial a las deudas posteriores a la situación de causa de disolución, le perjudica ahora estableciendo la referida presunción y, favorece al acreedor dañado hasta el punto de determinar que, salvo prueba en contrario, las deudas reclamadas se entenderán posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución. Evidentemente, dicha cuestión será objeto de prueba en sede judicial, pero una deficiente o a veces inexistente defensa por parte del administrador orgánico, decantará la balanza hacia el acreedor reclamante.

El precepto aquí estudiado constituye una interesante herramienta en la lucha contra la morosidad, que no todos los abogados conocen, y que tiene ya un largo y dilatado recorrido jurisprudencial. Ahora bien, su correcto ejercicio será el que marque las posibilidades de éxito de la acción. No cabe duda de que también existen mecanismos de defensa frente a la acción de responsabilidad solidaria por deudas sociales, pero eso será objeto de otro post.

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